¿En la frontera de la blanquitud? Expropiación, guerra y reproducción social en Ucrania Parte II

Este texto es la segunda parte de la traducción abreviada de un artículo originariamente publicado en LeftEast el 30 de abril de 2022. Puedes leer la primera parte aquí.

Si no hay pan, que coman armas: reformas neoliberales y militarización

Desde que comenzó la guerra en 2014, la militarización de Ucrania ha ido acompañada de reformas neoliberales destinadas a facilitar el crecimiento del capital a costa de la reproducción de los hogares de la clase trabajadora. El Estado ha reducido drásticamente los costes de la reproducción social, justificándolos en el nombre de las necesidades bélicas y el “sacrificio” por “la nación”. Los gastos de seguridad nacional se han cuadruplicado y socializado a través de las políticas de austeridad —con las mujeres absorbiendo los recortes del salario social y del sector público—. Las instituciones financieras internacionales, como el FMI, han puesto límites estrictos al gasto social, incluyendo la eliminación de facto de los subsidios a los combustibles, lo que ha provocado el aumento de los precios del gas, la calefacción, la electricidad y el transporte, los amplios recortes de los gastos sanitarios, educativos y de asistencia infantil, y una importante reforma del sistema de pensiones. Las “leyes de des-comunización” que, a partir de 2015 prohibieron partidos y símbolos políticos comunistas, cambiaron el nombre de ciudades y calles de la era soviética y facilitaron la persecución de académicos y activistas de izquierda, todas bajo la “des-comunización” de la política social. Las nuevas reformas sociales y económicas se extendieron en nombre de la modernización y europeización de lo poco que quedaba del Estado de bienestar tras las reformas de la Terapia de Choque de los años 90. Contraviniendo la constitución ucraniana, que proclama que Ucrania es un estado de bienestar, Commons reportó que las reformas han incluido la reducción de las multas a los empleadores por incumplimiento de las leyes laborales, la desregulación de los códigos de salud y seguridad en el trabajo, un sistema de pensiones recién financiado, la disminución del gasto médico y el movimiento hacia la privatización de la sanidad. En comparación con 2013, en 2016 el Estado recortó el gasto en sanidad en un 36,3%, en educación en un 36,2% y en la administración pública en un 30,6%. Las reformas económicas impulsadas por el FMI y adoptadas por el Estado ucraniano, han acelerado el aumento de la desigualdad, con un 67% de los hogares ucranianos en 2021 caracterizándose como “pobres”. La desposesión a través de la austeridad-militarización ha dado lugar a la feminización del empleo precario y la pobreza.

Para lxs dos millones de desplazadxs de guerra en el Donbass, previo a la agresión en curso, la reproducción social se ha vuelto casi imposible en los últimos ocho años. En noviembre de 2014, el Estado ucraniano dejó de financiar los servicios gubernamentales en las zonas separatistas de la región, incluidas las pensiones. Este es un ejemplo especialmente crudo de la expropiación del pasado laboral y de la actual disponibilidad de los trabajadores jubilados del país. Muchxs ciudadanxs ucranianxs con derecho a una pensión por jubilación, quienes casualmente vivían al otro lado de la línea del frente, han tenido que cruzar la frontera hacia el territorio controlado por Ucrania para poder recibir sus pensiones. En 2016, el gobierno ucraniano introdujo una estricta medida de control que obligaba a lxs “desplazadxs internxs” a registrarse en una dirección en el territorio controlado por el gobierno y a comprobarlo bimensualmente para mantener el derecho a su pensión. Muchas personas mayores, en su mayoría mujeres que vivían en las regiones ocupadas, tenían que viajar cada 60 días durante hasta 24 horas en autobuses, caminando, esperando en largas colas, sin cobijo ni acceso a sanitarios, para poder recibir sus pensiones, en promedio menos de 90 euros al mes. Aquellxs trabajadorxs que no podían viajar por problemas de salud y movilidad se quedaron sin siquiera este ingreso. Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, 18 personas ancianas murieron, en su mayoría por complicaciones de salud relacionadas con el corazón, mientras realizaban el difícil viaje a través de la “línea de contacto” que separa a los beligerantes. La ONU estima que 400.000 personas han perdido el acceso a sus pensiones desde que se aplicó la regla de los 60 días en 2016. El Fondo de Pensiones de Ucrania ha acumulado una deuda de 86.000 millones de grivnas (aproximadamente $3.500 millones de dólares) con los pensionistas que viven en zonas no controladas por el gobierno. Esto representa una expropiación directa de los trabajadores ucranianos por parte del Estado, y legitimada por la guerra.

La violencia contra las mujeres también se ha agudizado a causa de la guerra. En 2018, las partes controladas por Ucrania de las regiones de Donetsk y Luhansk registraron, respectivamente, un aumento del 76% y del 158% en las denuncias de violencia doméstica en comparación con la media de los tres años anteriores. Los miembros del ejército y de la policía están exentos de los procedimientos administrativos en los tribunales de jurisdicción general, esencialmente para protegerlos de los procesos penales por violencia doméstica.

Mano de obra migrante, reproducción social y “blanquitud fronteriza”

La economía industrializada, las infraestructuras públicas y la mano de obra cualificada de la Ucrania postsoviética pasaron por un periodo de acumulación primitiva a través de las reformas neoliberales de la Terapia de Choque, formando su propio sabor del Estado capitalista, el de una cleptocracia neoliberal. Como resultado, al igual que otras europeas del Este en los años 90, las madres y abuelas ucranianas han estado trabajando como empleadas domésticas migrantes, dejando atrás a sus familias, limpiando las casas de los ricos italianos, alemanes, polacos, estadounidenses y canadienses y haciendo el trabajo de reproducción social que antes llevaban a cabo las “mujeres blancas” occidentales. Así también lo hizo mi mamá. Desde 2014, un número drásticamente mayor de ucranianos ha sido movilizado como mano de obra social-reproductiva barata, remitiendo gran parte de sus ingresos para cubrir las lagunas de la provisión estatal en casa y compensar los daños de la guerra y la militarización. Estos trabajadores no fueron recibidos con sopa caliente, celulares y prestaciones de la UE en ninguna frontera de la Unión Europea mientras su país era saqueado por las reformas neoliberales “orientadas hacia Europa”.

En 2020, se estimaba una cifra de entre 2,2 y 2,7 millones de trabajadores ucranianos en el extranjero, lo cual equivale al 13-16% del empleo total del país. A finales de febrero de 2020, el número de ucranianos en Polonia había ascendido a 1.390.978, de los cuales el 44% eran mujeres, empleadas en su mayoría en el precario sector de los cuidados en las grandes ciudades. Ucrania es el décimo receptor mundial de remesas en términos absolutos, y en 2020 estas constituían el 9,8% del PIB del país. Según nuevos datos del Banco Nacional, en 2021 los flujos de remesas a Ucrania superaron los 19.000 millones de dólares.  En 2018, el 33% de las remesas procedían de Polonia, el 32% de otros Estados miembros de la UE, el 9% de Rusia y el 9% de Estados Unidos y Canadá. Las remesas han contribuido con alrededor del 50-60% a los presupuestos de los hogares receptores y en comparación con los hogares que no reciben remesas, los gastos de las familias con trabajadores migrantes en vivienda y educación fueron de 2 a 4 veces más altos y en alimentos un 20% más altos. Mientras en Ucrania los costos de la reproducción social se han descargado en los hogares que preparan a las trabajadoras para enviarlas al extranjero, en los países de la UE, la fuerza de trabajo ucraniana que llega es “gratuita”, es decir, se “paga” con el trabajo acumulado de los hogares y las comunidades de Ucrania, mientras que su renovación continua a través de la subsistencia es barata porque las trabajadoras migrantes están excluidas de las prestaciones estatales y, en general, de la ciudadanía social de la UE.

La reproducción social de lxs ciudadanxs de la UE y de las trabajadoras ucranianos está determinada geográficamente y enredada en dinámicas co-constitutivas de género, raza y clase, con el telón de fondo de la “amenaza” de lxs refugiadxs negrxs y morenxs. El trabajo feminizado “produce la nación” y forma las fronteras de Europa. Una de las paradojas de la retórica antimigrante de Europa Central hacia el Sur Global es que esta región se ha beneficiado en gran medida de la migración del Este, incluida Ucrania. Como afirma la socióloga Anna Safuta, si bien las mujeres polacas trabajan como empleadas domésticas en los países de Europa Occidental, en sus contactos con las empleadas domésticas ucranianas, los empleadores polacos se vuelven representantes autoproclamados de los valores y estilos de vida occidentales. La blanquitud, por lo tanto, no forma una dicotomía sino un gradiente. Las gradaciones de “blanquitud periférica”, o de proximidad a Europa, van de Bruselas a Varsovia, de Varsovia a Lviv, de Lviv a Donetsk. La racialización de las mujeres de Europa del Este en la industria de los cuidados y el trabajo doméstico tiene modos de operación político-económicos concretos, en el marco de la mercantilización de los cuidados en la Europa occidental neoliberal y en la continua feminización de la pobreza en Europa del Este, con su propia sazón de austeridad militarizada despojadora en la Ucrania posterior a 2014.

Al igual que la mano de obra migrante, la industria ucraniana de las tecnologías de reproducción asistida o “repro-turismo” también depende de patrones transnacionales de clase y racialización –casi literalmente orientados a la reproducción de bebés europeos “blancos” por parte de trabajadores de la reproducción social blancas y más pobres–. La industria ucraniana de la maternidad subrogada es más competitiva que las de India o Tailandia, en gran parte debido a la “blanquitud” y “europeidad” de sus trabajadoras. Durante las primeras dos olas de la pandemia de COVID-19, la agencia comercial de gestación subrogada BioTextCom de Kiev llamó la atención internacional, ya que lxs bebés nacidxs de gestantes ucranianas, en su mayoría destinadxs a padres europexs occidentales, quedaron varadxs como “apátridas” en un hotel, debido a los cierres por la pandemia. La industria también ha sido acusada de tráfico de personas, ya que los médicos proporcionaban biomaterial de fuentes ucranianas desconocidas en lugar de los padres biológicos; ahora la industria vuelve a llamar la atención durante la invasión rusa a Ucrania.  El Estado ucraniano no recoge estadísticas oficiales sobre la maternidad subrogada, pero podría ser el líder en la industria comercial para extranjeros, con una estimación de entre 2.000 y 3.000 bebés nacidxs por subrogación al año. Mientras que el coste para los futuros padres es entre 38.000 y 45.000 dólares, las madres subrogadas reciben sólo 300-400 dólares mensuales y otros 15.000 dólares al final del embarazo. Cuando comenzó la invasión, unas 800 parejas esperaban bebés de madres subrogadas ucranianas. Debido a la invasión, las madres subrogadas, las enfermeras y lxs bebés se encuentran de nuevo en el desamparo. A las madres subrogadas les toca seguir proporcionando cuidados más allá del contrato acordado y esperar el pago hasta que los padres occidentales adoptivos puedan registrar al bebé, que nace apátrida, sin ser ciudadanx ucranianx ni de la UE, y sin estar registradx en Ucrania. Algunas madres subrogadas no pueden huir de la guerra hacia Europa Occidental, por temor a que se les exija registrarse como tutores legales de los bebés en virtud de leyes de maternidad subrogada menos permisivas. El régimen fronterizo de la UE, junto a la regulación diferencial y desigual de la industria de la reproducción y del trabajo, a través de la división Este-Oeste, descarga así los riesgos económicos asociados a la subrogación (potencialmente de por vida) sobre la trabajadora.

La industria de la subrogación comercial en Ucrania es un ejemplo de reproducción subcontratada por los países occidentales más ricos, en el cual el trabajo reproductivo ni siquiera necesita migrar a la UE, sino que acontece directamente en la periferia. En 2018, periodistas reportaron, que el mercado de subrogación aporta, anualmente, más de 1.500 millones de dólares a Ucrania. Aunque el embarazo y el parto subrogados no cuenten para el tiempo trabajado de la madre a efectos de pensión, la industria y sus clientes se apoyan en la reproducción social pasada y “gratuita” de la madre subrogada ucraniana, así como en las infraestructuras generales de atención del país, que provienen en gran medida de la era soviética. Las madres subrogadas ucranianas renuncian a todos los derechos relacionados con el control de sus embarazos, a la vez que se arriesgan a que los padres-clientes abandonen a los niños no deseados, especialmente a los discapacitados. Como afirma la antropóloga Polina Vlasenko, las donantes de óvulos y las madres subrogadas ucranianas se construyen en los discursos de las clínicas de infertilidad y de las agencias de contratación como portadoras de la blanquitud, (tanto en cuanto a la producción de niñxs blancxs, como de pertenencia a la “cultura blanca”), así como de feminidad e hipersexualidad.

En la página web de BioTextCom se afirma: “Bienvenidos a la mayor base de donantes de tipo europeo. La reserva genética ucraniana se considera la mejor para el tratamiento de la infertilidad” — caracterizando la nacionalidad ucraniana explícitamente como europea y más fértil, por lo que implícitamente más deseable que la gestación subrogada en el Sur Global, sin mencionar la homogeneización de las diferencias ucranianas.  Siguiendo la crítica de Hill Collins a la ciudadanía y el nacionalismo desde una perspectiva feminista negra, planteo que al vender la “blanquitud” a bajo precio, BioTextCom demarca racialmente un tipo de mujer “buena” frente a un tipo de mujer “mala”: las mujeres blancas, que dan a luz al “tipo correcto” de niños, las futuras ciudadanas europeas deseables (en este caso), en contraste con las “otras” indeseables. La descripción de las donantes de óvulos en la base de datos se clasifica racialmente por “belleza, intelecto, salud, humanidad”, en este mismo orden de prioridad. La parte de la “belleza” está delimitada tanto por el exotismo de los orígenes “mixtos” euroasiáticos como por la “blanquitud” resultante.

Las referencias a las conquistas orientales del pasado, encarnadas en las mujeres ucranianas, implican una nueva posición de la frontera de la europeidad, civilización y blanquitud. Ocultando el aumento de la feminización del trabajo precario y la pobreza en Ucrania desde 2014, BioTextCom asegura que la mayoría de las donantes serían de “clase media” y estarían motivadas por la caridad en lugar de la pobreza, como supuestamente ocurre en el Sur Global. Esto está muy lejos de la realidad. Las entrevistas con las trabajadoras subrogadas muestran que mientras algunas mujeres que se dedican a la subrogación en Ucrania son desplazadas de guerra del Donbass, otras de ciudades más pequeñas, se dedican a la subrogación para complementar sus ingresos y cubrir necesidades básicas. Evidentemente, “Ucrania” está empleada en la producción de blanquitud, ya que reside en su frontera, donde su función se atribuye en gran parte a mantener una frontera alrededor de la civilización por y dentro de Europa a través de la mano de obra de reproducción social barata.

El mundo echa porras a Ucrania

Una vez más, cuando escuchamos en las noticias que “Ucrania está luchando una guerra europea” y que “Ucrania está defendiendo Europa”, en medio de imágenes de mujeres blancas pobres, quienes huyen con niños y que se priorizan sobre los “otrxs” racializadxs, “Ucrania” se está haciendo “blanca” en el imaginario global. La paradoja es que “la existencia de Europa” como tal sólo ha sido posible precisamente por la explotación de los pueblos trabajadores globales a través de la expropiación de los recursos y, hoy en día, con las reformas económicas neoliberales y reproducidas por la mano de obra feminizada. Esto incluye la mano de obra barata de Ucrania, que es relativamente “privilegiada” comparada a la mano de obra migrante del Sur Global (pero jamás tan privilegiada como las clases medias occidentales).  Construido por el Estado ucraniano y las élites liberales y acogido en Occidente, el nacionalismo ucraniano, como proceso de “retorno a Europa”, está enredado en las relaciones históricamente desiguales de género y raciales del capitalismo global, como revela la perspectiva de reproducción social global. La ya empobrecida población ucraniana, carente de recursos en el precario sector público y en la sanidad, está subvencionando el esfuerzo bélico con el trabajo doméstico, socializando los costes de la guerra y la defensa a costa de los medios de vida de la población. ¿Cuál es el carácter de la autodeterminación de Ucrania? ¿A quién representa e incluye “Ucrania”? ¿Cuál es el proyecto político futuro? Teniendo en cuenta las cuestiones estructurales de la militarización, el nacionalismo y la austeridad, con la vista puesta en el futuro de la posguerra, ¿se traducirá la resistencia al imperialismo ruso –con sus raíces en el Imperio ruso zarista y las contradictorias políticas de nacionalismo soviético y el despojo al campesinado– en la construcción de solidaridades con las luchas y movimientos antiimperialistas y anticapitalistas del Sur Global?  Esto requeriría repensar Ucrania como un proyecto político antirracista, pluralista y socialista desde abajo y, fundamentalmente, una crítica al eurocentrismo.

¡Victoria para el pueblo trabajador de Ucrania, solidaridad con el movimiento antiguerra ruso!